Redacción. Madrid
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con 196 votos a favor 4 en contra y 115 abstenciones, instar al Gobierno a alcanzar un amplio acuerdo político y social, con participación de las autonomías y de los agentes sociales y económicos, para garantizar la sostenibilidad futura de la atención a la dependencia. Esta moción, consecuencia de una interpelación urgente impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia, establece que ese acuerdo deberá orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, en base a los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas, y más allá del horizonte de 2015, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia.

Carles Campuzano, diputado de CiU.

Además, se deberá revisar la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia. Asimismo, el citado acuerdo deberá posibilitar el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas.

Anuncio de reformas en la Ley de Dependencia

En todo caso la moción llega en plena resaca por el anuncio de la ministra Ana Mato, en distintos foros, de una serie de reformas que el Gobierno prevé llevar a cabo en la Ley de Dependencia y que tiene intención de consensuar con las comunidades autónomas de cara al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que debe celebrarse en próximas fechas. Estas reformas pasan por mejorar la eficiencia de la aplicación de la norma buscando la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia a través de revisar la valoración y sus baremos, conseguir una financiación equilibrada, establecer una cartera de servicios comunes y equitativos en todas las autonomías y avanzar en la coordinación sociosanitaria.